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El planteo lo hicieron los jueces del sector. Fue después de un informe del INTI.
Por: Ismael Bermúdez
En las próximas horas, la Justicia de la Seguridad Social podría quedar paralizada. El edificio donde funcionan los Juzgados de la Seguridad Social en la calle Marcelo T. de Alvear 1.840 de esta Capital está en “el máximo admisible de peso” por las decenas de miles de expedientes que acumula, según el informe técnico del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Y como siguen ingresando nuevas causas, los jueces del Fuero le pidieron a la Cámara Federal de la Seguridad Social, “que se decrete en forma inmediata feriado judicial (sin concurrencia a los lugares de trabajo). La medida solicitada es requerida para la totalidad de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, a fin de evitar la previsible recarga del edificio principal por ingreso de causas y público asistente a los Juzgados allí ubicados, que además deberían redistribuir los espacios existentes en la planta principal”.
En otras palabras: hasta que se resuelve este colapso, y si se aprueba este pedido, los jubilados no podrán ingresar en los Tribunales nuevas demandas.
Como viene informando Clarín , en la Justicia hay más de 400.000 juicios de jubilados que reclaman que se reajusten sus haberes de acuerdo a la ley previsional, ratificada por la Corte Suprema en casos como Badaro, Elliff, Gemeli y otros (ver Fallos ). Solamente en lo que va de este año, ingresaron 73.000 demandas nuevas.
Según los jueces, el INTI les informó que de acuerdo al último informe de ese organismo, el edificio Anexo de Marcelo T. de Alvear no puede almacenar más papeles.
A eso se suman “los 23 empleados por piso” y “la cantidad de letrados y público en general que transita los Juzgados diariamente”. Y agregan que “en el transcurso de esta semana, los inspectores del INTI concurrieron nuevamente al edificio, diciendo que ya venían informando de la situación, que esta vez el dictamen sería más contundente y que alguien debería tomar decisiones”.
En el Edificio funcionan los 10 juzgados , repartidos 3 en el sector principal y 7 en el Anexo. Solamente “en los últimos días ingresaron alrededor de 15.000 expedientes nuevos”. Se estima que cada Juzgado tiene 40.000 causas. Los expedientes se acrecientan porque, además, la ANSeS apela la mayoría de las sentencias y no está cumpliendo con el compromiso de desistir ante sentencias similares a lo que fijado por la Corte Suprema.
Los jueces agregan que “no podemos soslayar que no existe en el edificio Anexo salida de emergencia alguna ni escalera de incendio, y que los estrechos pasillos se encuentran obstruidos actualmente por la gran cantidad de expedientes en trámite, que ya no pueden ser ubicados al interior de los Juzgados por resultar insuficiente el lugar asignado, incrementando los mismos de la carga de fuego debido al exceso de papel”.
Las autoridades de la Cámara también vienen denunciando que el Fuero está colapsado por lo que se considera que adoptarían alguna medida de emergencia que podría llevar a suspender la recepción o el sorteo de nuevas demandas de los jubilados. Sería otro golpe muy duro para los jubilados, cuando todavía no terminaron de digerir el veto presidencial al 82% y al reajuste de los haberes.
Para superar este colapso judicial, cada vez son más los especialistas que plantean que la Corte Suprema debería extender su doctrina a todos los jubilados lo que evitaría que más jubilados presenten nuevas demandas.
El impacto de no cumplir con la ley
Hace tiempo se sabe que los edificios de Juzgados de la Seguridad Social están colapsados. También, que por cada sentencia que se dicta ingresan cuatro nuevos juicios; que la ANSeS apela las sentencias o las liquida mal, lo que obliga a nuevos juicios; que ya no alcanzan los pasillos para archivar los expedientes; que se especula con el tiempo que demoran los juicios, muy superior a la expectativa de vida de los jubilados reclamantes; que las jubilaciones son magras, achatadas y cubren menos de la mitad de una canasta básica.
La explosión de juicios es porque el Estado no está cumpliendo con la legislación previsional que dice que la jubilación es un salario, que se calcula según el salario y se actualiza por la evolución de los salarios.
Con sus fallos, la Corte lo único que hizo fue ratificar que el Estado no cumple con esas normas y ordenó cumplirlas en los casos Badaro, Elliff o Gemelli.
Lo que sucede es que esos fallos, al ser individuales, obliga a cada jubilado a iniciar un juicio para percibir lo que le corresponde. En lugar de penalizar al infractor, en este caso al Estado, se obliga al perjudicado a costear un abogado, a iniciar un juicio y a esperar años y años hasta que se conozca la sentencia favorable que, sin embargo, va a ser apelada por la ANSeS o mal liquidada, obligando a comenzar un nuevo juicio.
En parte, esto intentó corregirse con la ley que establecía el 82%, sancionada por el Congreso ya que, no reconocía la retroactividad pero, al menos, extendía hacia delante a todos los jubilados los reajustes ratificados por la Cort e. Pero el veto presidencial frustró esta alternativa, agravando el colapso judicial.
Tras el veto, ahora para evitar que se desplomen los edificios judiciales, está la amenaza de una feria judicial.
Para no seguir penalizando a los jubilados, la Corte Suprema debería extender su propia doctrina a todos los que les corresponde, poniendo un punto final a la “industria del juicio”. Así, será justicia.
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